Desde hace mas de tres lustros las principales determinaciones tomadas en la educación pública colombiana apuntan a adecuarla al papel que juega nuestro país en la división internacional del trabajo, al modelo económico actual, y por lo tanto a los requerimientos de organismos de crédito internacionales como el FMI y el BM. Así mismo, se han acondicionado los programas académicos a las exigencias que hace la UNESCO, en lo atinente a la estandarización de los currículos por medio del ICFES, desconociendo la libertad académica que tienen los maestros para enseñar en sus respectivas áreas del conocimiento.
En materia financiera, académica, laboral y administrativa, también se observan sesgos en contra de la educación, es decir, se evidencia cada vez más el deterioro de la calidad de la educación que reciben millones de niños y jóvenes colombianos. La política de privatización encarnada por los gobiernos de turno ha llevado a que por medio de normas y decretos se desfinancie progresivamente colegios de carácter estatal, como lo ha sido el recorte a las transferencias territoriales que se a producido desde el 2001, y ha ocasionado que alrededor de 14.000 establecimientos educativos oficiales dejen de percibir aproximadamente 15 billones de pesos hasta el año 2009. En esto consiste el afán privatizador del actual gobierno, en brindar educación solo a aquellos que puedan sufragarla.
En los últimos años las condiciones laborales de los maestros han empeorado. El gobierno quiere que un maestro cada día valga lo menos posible. Muestra de ello son los despidos masivos, reducción de la jornada de tiempo completo a medio tiempo, y las trabas del nuevo régimen de estatuto docente. Así mismo, la forma de promoción y evaluación de los estudiantes ha relegado al maestro a un segundo plano, convirtiendo a este en un simple apéndice de los estándares curriculares, sujetando los contenidos educativos e imponiendo una metodología de enseñanza. En 2006 había 25.000 educadores menos que en el 2001, y la asignación de recursos que la nación destinó por cada alumno no ha aumentado en dicho periodo, produciendo un alarmante hacinamiento, registrándose salones con topes de 65 estudiantes. Igualmente, se han fusionado instituciones educativas con el fin de ahorrar más recursos y se han impuesto rectores que no cumplen ninguna tarea pedagógica dentro de los colegios, sino labores de tipo gerencial.
En un país destinado a la producción de materias primas e instalación de maquilas, en el cual no se promocionan procesos de investigación y profundización del conocimiento, no se necesitan profesionales instruidos con una educación de alta calidad, sino técnicos que vendan su fuerza de trabajo al menor precio posible. Con criterio empresarial, la política de “revolución educativa” de Álvaro Uribe Vélez centró sus objetivos en el aumento de cobertura a través de la “racionalización educativa”, de ahí el particular interés de gobierno de ampliar la cobertura en educación técnica y tecnológica y aumentar la oferta del sector privado con un bajo nivel académico, restringiendo cualquier posibilidad de desarrollo para el país, cumpliendo la premisa de educación pobre para un país pobre. El meollo del asunto se encuentra sintetizado en el documento Visión Colombia 2019: “ la educación media y superior deberá ajustarse a las necesidades del sector productivo, que requiere constantemente mano de obra calificada capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y procesos productivos... se establecerá una fuerte relación de la educación con la formación para el trabajo, basada en el desarrollo de competencias básicas y específicas, que permitan una fácil incorporación al mercado laboral”.
El desalentador panorama que se presenta no sería posible sin minar el camino de 
organización y resistencia de la comunidad educativa, limitando la participación, la crítica y la movilización por parte de la mayoría. Los consejos estudiantiles no cumplen el papel que deben desempeñar dentro de las instituciones educativas. Los fines de estos son la real representación de los intereses de los estudiantes, que no pueden ser otros que el acceso a una educación de alta calidad. Ante las pésimas condiciones económicas y sociales que viven la gran mayoría (mala alimentación, salud, recreación, transporte, cultura, deporte) y la deficiente infraestructura de los colegios, la invitación es a conformar y consolidar mediante elección democrática los Consejos Estudiantiles, como un espacio representativo y garante de la participación del estudiantado.
A la implementación de un modelo educativo ajeno al desarrollo del país, le surgen cada vez más contradictores. El momento es propicio para afianzar el papel de la organización estudiantil en procura de un sistema educativo de carácter público y científico, sobre la base de principios democráticos, y que atienda los verdaderos intereses de nuestra nación. Solo la organización de los Consejos estudiantiles como herramientas para la movilización de la amplia mayoría de estudiantes en procura de una profunda rectificación del rumbo de nuestra educación, alcanzará este cometido.
Amaury Nuñez